sábado, 10 de marzo de 2007

TEMA V- CONVENCIONES Y TRATADOS INTERNACIONALES

OEA
CONVENCIÓN INTERAMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS
Del 22 de Noviembre de 1969, promulgado por el Poder Ejecutivo en fecha 25 de Diciembre de 1977
Artículo 12
Libertad de Conciencia y de Religión
Toda Persona tiene derecho a la libertad de conciencia y de religión. Este derecho implica la libertad de conservar su religión o sus creencias, o de cambiar de religión o de creencias, así como la libertad de profesar y divulgar su religión o sus creencias, individual o colectivamente, tanto en público como en privado.
Artículo 13
Libertad de Pensamiento y de Expresión
Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.
El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar:
a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o
b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.
No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel par periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones.
Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por ellos para la protección moral de la infancia y la adolescencia, sin perjuicio de lo establecido en el inciso 2.
Estará prohibida por la ley toda propaganda a favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquiera persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional.
Artículo 14
Derecho de Rectificación o Respuesta
Toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes emitidas en su perjuicio a través de medios de difusión legalmente reglamentada y que se dirijan al público en general, tiene derecho a efectuar por el mismo órgano de difusión su rectificación o respuesta en las condiciones que establezca la ley.
En ningún caso la rectificación o la respuesta eximirán de las responsabilidades legales en que se hubiese incurrido.
Para la efectiva protección de la honra y la reputación, toda publicación o empresa periodística, cinematográfica, de radio o televisión tendrá una persona responsable que no esté protegida por inmunidades ni disponga de fuero especial.
CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO
Del 20 de Noviembre de 1989, Promulgado por el Poder Ejecutivo en fecha 23 de Marzo de 1991
Artículo 12
Los Estados Partes garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función de la edad y madurez del niño
Con tal fin, se dará en particular al niño oportunidad de ser escuchado, en todo procedimiento judicial o administrativo que afecte al niño, ya sea directamente o por medio de un representante o de un órgano apropiado, en consonancia con las normas de procedimiento de la ley nacional.
Artículo 13
El niño tendrá derecho a la libertad de expresión, ese derecho incluye la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de todo tipo sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o impresas, en forma artística o por cualquier otro medio elegido por el niño.
El ejercicio de tal derecho podrá estar sujeto a ciertas restricciones, que serán únicamente las que la ley prevea y sean necesarias:
Para el respeto de los derechos o la reputación de los demás; o
Para la protección de la seguridad nacional o el orden público o para proteger la salud o la moral públicas.
Artículo 14
Los Estados Partes respetarán el derecho del niño a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión
Artículo 16
Ningún niño será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia ni de ataques ilegales a su honra y a su reputación.
Artículo 17
Los Estados Partes reconocen la importante función que desempeñan los medios de comunicación y velarán por que el niño tenga acceso a información y material procedentes de diversas nacionales e internacionales, en especial la información y el material que tengan por finalidad promover su bienestar social, espiritual y moral y su salud física y mental. Con tal objetivo, los Estados Partes:
a) alentarán a los medios de comunicación a difundir información y materiales de interés social y cultural para el niño, de conformidad con el espíritu del artículo 29;
b) promoverán la cooperación internacional en la producción, el intercambio y la difusión de esa información y esos materiales procedentes de diversas fuentes culturales, nacionales e internacionales;
c) Alentarán la producción y difusión de libros para niños;
d) Alentarán a los medios de comunicación a que tengan particularmente en cuenta las necesidades lingüísticas del niño perteneciente a un grupo minoritario o que sea indígena;
e) Promoverán la elaboración de directrices apropiadas para proteger al niño contra toda información y material perjudicial para su bienestar, teniendo en cuenta las disposiciones de los artículos 13 y 18.

3. DECLARACIÓN AMERICANA DE LOS DERECHOS DEL HOMBRE
(Aprobada en la Novena Conferencia Internacional de las Americana, Celebrada en Bogotá, Colombia, Abril de 1948)
Artículo IV. Toda persona tiene derecho a la libertad de investigación, de opinión y de expresión y difusión del pensamiento por cualquier medio (Derecho de libertad de investigación, opinión, expresión y difusión)

Artículo V. Toda persona tiene derecho a la protección de la Ley contra los ataques abusivos a su honra, a su reputación y a su vida privada y familiar (Derecho a la protección a la honra, la reputación personal y la vida privada y familiar)

SISTEMA INTERAMERICANO DE
PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS
Comisión Interamericana de los Derecho Humanos: Estatuto de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (Aprobado mediante la Resolución No. 447 adoptada por la Asamblea General de la OEA en su Noveno período ordinario de sesione, celebrado en La Paz, Bolivia, Octubre de 1979); Reglamento de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (Aprobado por la Comisión en su 49º período de sesiones, en la sesión 660º, celebrada el 8 de abril de 1980, y modificado en el 64º período de sesiones, en la sesión 840, celebrada el 7 de marzo de 1985, y en su 70º período de sesiones, en la sesión 938º, celebrada el 29 de Junio de 1987)
Corte Interamericana de los Derecho Humanos: Estatuto de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (Aprobado mediante Resolución No. 448 adoptada por la Asamblea General de la OEA en su Noveno período de sesiones, celebrado en La Paz, Bolivia, en Octubre de 1979); Reglamento de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (Aprobado por la Corte en su XXIII período ordinario de sesiones celebrado del 9 al 18 de Enero de 1991; reformado los días 25 de Enero de 1993 y 16 de Julio de 1993)
Consejo Económico y Social de la OEA

ONU
DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Del 10 de Diciembre de 1948
Artículo 12
Nadie podrá ser objeto de injerencia arbitraria en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.
Artículo 18
Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectiva, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia.
Artículo 19
Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.

PACTO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Del 16 de Noviembre de 1966
Artículo 17
Nadie será objeto de injerencia arbitraria o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación
toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques
Artículo 18
Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de tener o de adoptar la religión o las creencias de su elección, así como la libertad de manifestar su religión o sus creencias, individual o colectivamente tanto en público como en privado, mediante el culto, la celebración, ritos, las prácticas y la enseñanza.
Artículo 19
nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones
Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.
El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes y responsabilidades especiales. Por consiguiente, puede estar sujetos a ciertas restricciones que deberán, sin embargo, están expresamente fijados por la ley y ser necesaria para:
a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás
b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud.
OTRAS DECLARACIONES
Declaración de Chapultepec (1994)
Adoptada por la conferencia hemisférica sobre libertad de expresión celebrada en México, D.F. el 11 de marzo de 1994
Preámbulo
En el umbral de un nuevo milenio, América puede ver su futuro afincada en la democracia. La apertura política ha ganado terreno. Los ciudadanos tienen mayor conciencia de sus derechos. Elecciones periódicas, gobiernos, parlamentos, partidos políticos, sindicatos, asociaciones y grupos sociales de la más variada índole, reflejan más que en ningún otro momento de nuestra historia las aspiraciones de la población.
En el ejercicio democrático, varios logros suscitan el optimismo, pero también aconsejan la prudencia. La crisis de las instituciones, las desigualdades, el atraso, las frustraciones transformadas en intransigencia, la búsqueda de recetas fáciles, la incomprensión sobre el carácter del proceso democrático y las presiones sectoriales, son un peligro constante para el progreso alcanzado. Constituyen también obstáculos potenciales para seguir avanzando.
Por todo ello, es deber de quienes vivimos en este hemisferio, desde Alaska hasta Tierra del Fuego, consolidar la vigencia de las libertades públicas y los derechos humanos.
La práctica democrática debe reflejarse en instituciones modernas, representativas y respetuosas de los ciudadanos; pero debe presidir también la vida cotidiana. La democracia y la libertad, binomio indisoluble, solo germinarán con fuerza y estabilidad si arraigan en los hombres y mujeres de nuestro continente.
Sin la práctica diaria de ese binomio, los resultados son previsibles: la vida individual y social se trunca, la interacción de personas y grupos queda cercenada, el progreso material se distorsiona, se detiene la posibilidad de cambio, se desvirtúa la justicia, el desarrollo humano se convierte en mera ficción. La libertad no debe ser coartada en función de ningún otro fin. La libertad es una, pero a la vez múltiple en sus manifestaciones; pertenece a los seres humanos, no al poder.
Porque compartimos esta convicción, porque creemos en la fuerza creativa de nuestros pueblos y porque estamos convencidos de que nuestro principio y destino deben ser la libertad y la democracia, apoyamos abiertamente su manifestación más directa y vigorosa, aquella sin la cual el ejercicio democrático no puede existir ni reproducirse: la libertad de expresión y de prensa por cualquier medio de comunicación.
Los firmantes de esta declaración representamos distintas herencias y visiones. Nos enorgullecemos de la pluralidad y diversidad de nuestras culturas, y nos felicitamos de que confluyan y se unifiquen en el elemento que propicia su florecimiento y creatividad: la libertad de expresión, motor y punto de partida de los derechos básicos del ser humano.
Sólo mediante la libre expresión y circulación de ideas, la búsqueda y difusión de informaciones, la posibilidad de indagar y cuestionar, de exponer y reaccionar, de coincidir y discrepar, de dialogar y confrontar, de publicar y transmitir, es posible mantener una sociedad libre. Sólo mediante la práctica de estos principios será posible garantizar a los ciudadanos y grupos su derecho a recibir información imparcial y oportuna. Sólo mediante la discusión abierta y la información sin barreras será posible buscar respuestas a los grandes problemas colectivos, crear consensos, permitir que el desarrollo beneficie a todos los sectores, ejercer la justicia social y avanzar en el logro de la equidad. Por esto, rechazamos con vehemencia a quienes postulan que libertad y progreso, libertad y orden, libertad y estabilidad, libertad y justicia, libertad y gobernabilidad, son valores contrapuestos.
Sin libertad no puede haber verdadero orden, estabilidad y justicia. Y sin libertad de expresión no puede haber libertad. La libertad de expresión y de búsqueda, difusión y recepción de informaciones sólo podrá ser ejercida si existe libertad de prensa.
Sabemos que no toda expresión e información pueden encontrar acogida en todos los medios de comunicación. Sabemos que la existencia de la libertad de prensa no garantiza automáticamente la práctica irrestricta de la libertad de expresión. Pero también sabemos que constituye la mejor posibilidad de alcanzarla y, con ella, disfrutar de lasdemás libertades públicas.
Sin medios independientes, sin garantías para su funcionamiento libre, sin autonomía en su toma de decisiones y sin seguridades para el ejercicio pleno de ella, no será posible la práctica de la libertad de expresión. Prensa libre es sinónimo de expresión libre.
Allí donde los medios pueden surgir libremente, decidir su orientación y la manera de servir al público, allí también florecen las posibilidades de buscar información, de difundirla sin cortapisas, de cuestionarla sin temores y de promover el libre intercambio de ideas y opiniones. Pero, cuando con el pretexto de cualesquiera objetivos se cercena la libertad de prensa, desaparecen las demás libertades.
Nos complace que, tras una época en que se pretendió legitimar la imposición de controles gubernamentales a los flujos informativos, podamos coincidir ahora en la defensa de la libertad. En esta tarea, muchos hombres y mujeres del mundo estamos unidos. Sin embargo, también abundan los ataques. Nuestro continente no es una excepción. Aún persisten países con gobiernos despóticos que reniegan de todas las libertades, especialmente, las que se relacionan con la expresión. Aún los delincuentes, terroristas y narcotraficantes amenazan, agreden y asesinan periodistas.
Pero no solo así se vulnera a la prensa y a la expresión libres. La tentación del control y de la regulación coaccionante ha conducido a decisiones que limitan la acción independiente de los medios de prensa, periodistas y ciudadanos que desean buscar y difundir informaciones y opiniones.
Políticos que proclaman su fe en la democracia son a menudo intolerantes ante las críticas públicas. Sectores sociales diversos adjudican a la prensa culpas inexistentes. Jueces con poca visión exigen que los periodistas divulguen fuentes que deben permanecer en reserva. Funcionarios celosos niegan a los ciudadanos acceso a la información pública. Incluso las constituciones de algunos países democráticos contienen ciertos elementos de restricción sobre la prensa.
Al defender una prensa libre y rechazar imposiciones ajenas, postulamos, asimismo, una prensa responsable, compenetrada y convencida de los compromisos que supone el ejercicio de la libertad.
Principios
Una prensa libre es condición fundamental para que las sociedades resuelvan sus conflictos, promuevan el bienestar y protejan su libertad. No debe existir ninguna ley o acto de poder que coarte la libertad de expresión o de prensa, cualquiera sea el medio de comunicación. Porque tenemos plena conciencia de esta realidad, la sentimos con profunda convicción y estamos firmemente comprometidos con la libertad, suscribimos esta Declaración, con los siguientes principios:
1. No hay personas ni sociedades libres sin libertad de expresión y de prensa. El ejercicio de ésta no es una concesión de las autoridades; es un derecho inalienable del pueblo.
2. Toda persona tiene el derecho a buscar y recibir información, expresar opiniones y divulgarlas libremente. Nadie puede restringir o negar estos derechos.
3. Las autoridades deben estar legalmente obligadas a poner a disposición de los ciudadanos, en forma oportuna y equitativa, la información generada por el sector público. No podrá obligarse a ningún periodista a revelar sus fuentes de información.
4. El asesinato, el terrorismo, el secuestro, las presiones, la intimidación, la prisión injusta de los periodistas, la destrucción material de los medios de comunicación, la violencia de cualquier tipo y la impunidad de los agresores, coartan severamente la libertad de expresión y de prensa. Estos actos deben ser investigados con prontitud y sancionados con severidad.
5. La censura previa, las restricciones a la circulación de los medios o a la divulgación de sus mensajes, la imposición arbitraria de información, la creación de obstáculos al libre flujo informativo y las limitaciones al libre ejercicio y movilización de los periodistas, se oponen directamente a la libertad de prensa.
6. Los medios de comunicación y los periodistas no deben ser objeto de discriminaciones o favores en razón de lo que escriban o digan.
7. Las políticas arancelarias y cambiarias, las licencias para la importación de papel o equipo periodístico, el otorgamiento de frecuencias de radio y televisión y la concesión o supresión de publicidad estatal, no deben aplicarse para premiar o castigar a medios o periodistas.
8. El carácter colegiado de periodistas, su incorporación a asociaciones profesionales o gremiales y la afiliación de los medios de comunicación a cámaras empresariales, deben ser estrictamente voluntarios.
9. La credibilidad de la prensa está ligada al compromiso con la verdad, a la búsqueda de precisión, imparcialidad y equidad, y a la clara diferenciación entre los mensajes periodísticos y los comerciales. El logro de estos fines la observancia de los valores éticos y profesionales no deben ser impuestos. Son responsabilidad exclusiva de periodistas y medios. En una sociedad libre la opinión pública premia o castiga.
10. Ningún medio de comunicación o periodista debe ser sancionado por difundir la verdad o formular críticas o denuncias contra el poder público.
La lucha por la libertad de expresión y de prensa, por cualquier medio, no es tarea de un día; es afán permanente. Se trata de una causa esencial para la democracia y la civilización en nuestro hemisferio. No sólo es baluarte y antídoto contra todo abuso de autoridad: es el aliento cívico de una sociedad. Defenderla día a día es honrar a nuestra historia y dominar nuestro destino. Nos comprometemos con estos principios.

TEMA VI- INFRACCIONES POR VIA DE PRENSA

INFRACCIONES CONTRA EL HONOR Y LA REPUTACIÓN DE LAS PERSONAS
Desde convenciones internacionales hasta leyes nacionales se han desplegado normas para proteger este bien extramatrimonial que tiene capacidad de impactar el patrimonio de las personas afectadas en su honor y reputación. ¿Quién hace negocios con aquel de quien dicen o escriben que es deshonesto, incumplidor de los compromisos o estafador?, ¿Quién no cree en el periodista que informa sobre las inconductas de ciertas personas? Aunque tengamos el derecho de conocer e informarnos antes de tomar decisiones que nos afecten o a nuestro prójimos, pero también tenemos derecho de ser bien informados, con apego a la realidad de los hechos, sin tergiversar viciosamente los acontecimiento.
Al vivir en sociedad exponemos nuestras acciones, nuestra personalidad y carácter; nuestro defectos, nuestro errores. La vida pública lo hace más patente y patético. Todo eso, afectado por malas intenciones o malas interpretaciones de los conocido, o conocer a medias o deficientemente, hace del honor y la reputación endeble y frágil.
CUADROS DE INFRACCIONES Y PENAS LEY 6132-62
INFRACCIÓN PENA ART.
Publicación Irregular: Multa: Art. 8
Recepción de Fondos de Gobiernos Extranjeros:6 días a 2 años de prisión y multa 200 pesos: art. 16
Violación artículo 10 sobre identidad director y propt. o accionistas y Publicidad balance de activos/pasivos:6 días a 2 meses de prisión y/o multa:art. 11
Artículos del 1 al 16 sin sanción:6 días a 6 meses de prisión y/o multa 50 a 500 pesos: art. 17
Información Inexacta:Multa 50 a 500 pesos:art. 18
Negación de Rectificación:Multa 25 a 250 pesos de multa:art. 19
Incitación a Robo, homicidio, pillaje o incendio sin efecto, crímenes contra la seguridad interna del Estado:6 meses a 1 (un) año de prisión/100 a 500 pesos:art. 24
Incitación a Miembros de la Fuerzas Armadas, Policía Nacional:Uno (1) a Dos (2) años de prisión/100 a 1000 pesos:art.25
Ofensa al Presidente de la República:Tres (3) meses a Un (1) año de prisión/100 a 1000 pesos: art. 26
Publicación de Noticias Falsas, Docs. fabricados, falsificados o falazmente atribuido a terceros, que perturben la paz pública:Seis (6) meses a dos (2) años de prisión/100 a 1000 pesos de multa:art. 27
Ultraje a las Buenas Costumbre:Un (1) mes a un (1) año de prisión/10 a 100 peso:art. 28
Difamación contra poder judicial, fuerzas armadas, policía nacional, cámaras legislativas, ayuntamientos, etc.:Un (1) mes a Un (1) año de prisión/50 a 500 pesos:art. 30
Difamación contra miembros gabinetes, cámaras legislativas, funcionarios públicos, depositarios autoridad pública, testigos,etc.:Un (1) mes a Un (1) año de prisión/50 a 500 pesos de multa:art.30 y 31
Difamación contra particulares:Seis (6) meses de prisión/25 a 200 pesos de multa:art. 33
Difamación en razón de raza o religión:Un (1) año de prisió/25 a 200 pesos de multa:art. 33
Injuria contra poder judicial, fuerzas armadas, policía nacional, cámaras legislativas, ayuntamientos, etc.: Seis (6) días a tres (3) meses de prisión/6 a 60 pesos de multa:art. 34
Injuria contra miembros gabinetes, cámaras legislativas, funcionarios públicos, depositarios autoridad pública, testigos,etc.:Seis (6) días a tres (3) meses de prisión/6 a 60 pesos de multa:art.34
Injuria contra particulares sin provocación:Cinco (5) a Dos (2) meses de multa/6 a 50 pesos de multa: art. 35
Injuria en razón de raza o religión:Seis meses de prisión/100 pesos de multa:art.35
Difamación o injurias dirigidas contra la memorias de los muertos en perjuicio herederos, esposos o legatarios: art. 36
Difamación o Injuria contra Jefes de Estado o jefes de Gobierno Extranjeros, cancilleres Extranjeros:Tres (3) mese s Un (1) año de prisión/50 a 500 pesos de multa:art. 39
Difamación o Injuria contra Embajadores y Ministros Plenipotenciarios, Enviados, encargados de negocios y demás agentes diplomáticos acreditados en RD:Ocho (8) días a un año de prisión/50 a 500 pesos de multa:art. 40
Publicación actas de procedimiento penal antes de leer en audiencia:6 a 60 pesos de multa:art. 41
Publicación de procesos difamación, paternidad, divorcio, aborto; deliberaciones internas de los tribunales, debates dentro de los tribunales:50 a 500 pesos de multa:art. 42
Publicación de menores de 16 años de edad:50 a 300 pesos de multa:art. 43
Publicación que muestre suicidios de Menores de 16 años:50 a 300 pesos de multa:art. 44

SISTEMA INTERNACIONAL OEA

DECLARACIÓN AMERICANA DE LOS DERECHOS Y DEBERES DEL HOMBRE, ABRIL 1948, OEA:
Artículo V. Toda persona tiene derecho a la protección de la Ley contra los ataques abusivos a su honra, a su reputación y a su vida privada y familiar. (Derecho a la protección a la honra, la reputación personal y la vida privada y familiar)
CONVENCIÓN INTERAMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS, 22 DE NOVIEMBRE DE 1969, OEA:
Artículo 11
Protección de la Honra y de la Dignidad
1. Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad.
2. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación.
3. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques.
PERSONAS RESPONSABLES DE LAS INFRACCIONES POR VÍA DE LA PRESA
Son los artículos 46 y 47 de la ley 6132-62 los que indican sobre quién o quiénes recaen la responsabilidad civil y penal que resultan de las infracciones por la vía de presa. Se sindican como tales, el director, el sustituto del director, el editor, el autor, el impresor, los vendedores, distribuidores, exhibidores, locutores y los fijadores de carteles, la persona física o el representante de la entidad o corporación que ordene un anuncio, aviso o publicidad pagada.
El primero, artículo 46, indica, en orden sucesivo, los autores de las infracciones. En primera instancia, el director o el editor; en segundo lugar, el autor, a falta del primero, del director o de su sustituto o del editor; tercero, el impresos, a falta del autor; el cuarto (el último) lugar, y falta del anterior, los vendedores, distribuidores, exhibidores de películas, locutores y fijadores de carteles.

“Artículo 46.- Serán pasibles, como autores principales de las penas que constituyen la represión de los crímenes y delitos cometidos por la vía de la prensa, las personas señaladas en el orden indicado más adelante:
1.- Los directores de publicaciones o editores, cualesquiera que sean sus profesiones o sus denominaciones, y en los casos previstos en el segundo párrafo del artículo 4, los substitutos de los directores.”
2.- A falta de directores, substitutos o editores, los autores;”
3.- A falta de los autores los impresores;”
4.- A falta de los impresores, los vendedores, los distribuidores, los exhibidores de películas, los locutores y los fijadores de carteles.”

Pero en el caso de algún anuncio, aviso o publicidad pagado, su responsable aquella persona física o el representante de la entidad que ordenó su publicación:
“Cuando la violación a la presente ley se realice mediante un anuncio, aviso o publicación pagada, aparecido en una publicación o transmitido por radio o televisión se considera como autor del mismo a la persona física o a los representantes autorizados de la entidad o corporación que lo ordene, quienes incurrirán en la responsabilidad fijada en el apartado 2 de este artículo.
“Todo anuncio que no sea estrictamente comercial debe ser publicado o difundido bajo la responsabilidad de una persona determinada.” (parte infine del artículo 47)

Pero el artículo viene a indicar categorías arbitrarias de complicidad, cuando hace al autor y al impresor cómplices del director o su sustituto, cuando son perseguidos como autores principales.

A la luz del Derecho de la Información, este sistema de responsabilidad se denomina Responsabilidad Sucesiva, en Cascada o por Derivación, de iniciativa Belga. Dicho sistema “tiene la característica que la ley establece A Priori un orden sucesivo para las personas que han participado en el delito de imprenta, no permitiendo perseguir a unos sino en defecto y con exclusión de los otros” explica Horacio Hernández A., en su libro El Periodismo.
“La responsabilidad se establece en forma escalonada, siguiendo una escala arbitraria, que cada legislación organiza o adopta a su agrado”, precisa Garuad, citado por Horacio Hernández A. en su obra citada.
Por su lado Jacques Bourquin, en su obra La Libertad de Prensa juzga este sistema, que el Juez Andújar Sánchez a demolido en una de sus partes: “Es injusto condenar a alguien por una intención que no ha cometido; ni ha manifestado realmente, ese método puede conducir a un régimen de completa arbitrariedad en el que un periodista consciente ya no está seguro”. Concluye con la siguiente precisión: “la falta cometida por la prensa debe apreciarse en principio, según criterios objetivos, si son criterios subjetivos deberán estar relacionados con la persona del autor.”
PERSONAS RESPONSABLES DE LAS INFRACCIONES POR VÍA DE LA PRESA
Son los artículos 46 y 47 de la ley 6132-62 los que indican sobre quién o quiénes recaen la responsabilidad civil y penal que resultan de las infracciones por la vía de presa. Se sindican como tales, el director, el sustituto del director, el editor, el autor, el impresor, los vendedores, distribuidores, exhibidores, locutores y los fijadores de carteles, la persona física o el representante de la entidad o corporación que ordene un anuncio, aviso o publicidad pagada.
El primero, artículo 46, indica, en orden sucesivo, los autores de las infracciones. En primera instancia, el director o el editor; en segundo lugar, el autor, a falta del primero, del director o de su sustituto o del editor; tercero, el impresos, a falta del autor; el cuarto (el último) lugar, y falta del anterior, los vendedores, distribuidores, exhibidores de películas, locutores y fijadores de carteles.

“Artículo 46.- Serán pasibles, como autores principales de las penas que constituyen la represión de los crímenes y delitos cometidos por la vía de la prensa, las personas señaladas en el orden indicado más adelante:
1.- Los directores de publicaciones o editores, cualesquiera que sean sus profesiones o sus denominaciones, y en los casos previstos en el segundo párrafo del artículo 4, los substitutos de los directores.”
2.- A falta de directores, substitutos o editores, los autores;”
3.- A falta de los autores los impresores;”
4.- A falta de los impresores, los vendedores, los distribuidores, los exhibidores de películas, los locutores y los fijadores de carteles.”

Pero en el caso de algún anuncio, aviso o publicidad pagado, su responsable aquella persona física o el representante de la entidad que ordenó su publicación:
“Cuando la violación a la presente ley se realice mediante un anuncio, aviso o publicación pagada, aparecido en una publicación o transmitido por radio o televisión se considera como autor del mismo a la persona física o a los representantes autorizados de la entidad o corporación que lo ordene, quienes incurrirán en la responsabilidad fijada en el apartado 2 de este artículo.
“Todo anuncio que no sea estrictamente comercial debe ser publicado o difundido bajo la responsabilidad de una persona determinada.” (parte infine del artículo 47)

Pero el artículo viene a indicar categorías arbitrarias de complicidad, cuando hace al autor y al impresor cómplices del director o su sustituto, cuando son perseguidos como autores principales.

A la luz del Derecho de la Información, este sistema de responsabilidad se denomina Responsabilidad Sucesiva, en Cascada o por Derivación, de iniciativa Belga. Dicho sistema “tiene la característica que la ley establece A Priori un orden sucesivo para las personas que han participado en el delito de imprenta, no permitiendo perseguir a unos sino en defecto y con exclusión de los otros” explica Horacio Hernández A., en su libro El Periodismo.
“La responsabilidad se establece en forma escalonada, siguiendo una escala arbitraria, que cada legislación organiza o adopta a su agrado”, precisa Garuad, citado por Horacio Hernández A. en su obra citada.
Por su lado Jacques Bourquin, en su obra La Libertad de Prensa juzga este sistema, que el Juez Andújar Sánchez a demolido en una de sus partes: “Es injusto condenar a alguien por una intención que no ha cometido; ni ha manifestado realmente, ese método puede conducir a un régimen de completa arbitrariedad en el que un periodista consciente ya no está seguro”. Concluye con la siguiente precisión: “la falta cometida por la prensa debe apreciarse en principio, según criterios objetivos, si son criterios subjetivos deberán estar relacionados con la persona del autor.”
EXCLUSIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PENAL Y CIVIL
DEL ENTREVISTADOR
Para ilustrar esta hipótesis, realizaremos un análisis de la sentencia que resolvió el caso Prims Pujals Vs Nuria cuyo novedad trascendental fue el rechazo de la demanda por difamación e injuria con relación a la co-imputada entrevistadora, la aguerrida y crítica periodista Nuria Piera, que durante la entrevista actuó con responsabilidad profesional por “a) Las reiteradas advertencias que hizo la productora y/o entrevistadora de televisión Nuria Piera, haciendo saber que no compartía esas acusaciones; b) Haciendo las advertencias con respecto a la violación a la ley por el hecho de afirmar una cosa de ese género sin tener las pruebas; c) Ofertar recurrentemente el derecho a réplica de los posibles ofendidos”. En ese recuento expuesto por el Juez Teófilo Andujar en uno de los considerandos de esta relevante sentencia, intuyó y concluyó la manifiesta ausencia de mala fe por parte de la entrevistadora.
El magistrado Juez Presidente Teófilo Andujar asumió inteligentemente que el periodismo “no puede ser juzgado sobre la base del derecho común”, pues él (el periodista) pertenece a una realidad especial, muy particular, amparada por los derechos humanos y el soberano interés público o social.
Ponderó al entrevistador en general como un “canal de transmisión de información” entre el entrevistado y la sociedad, enmarcando dicha función dentro de la dimensión social de la libertad de expresión y difusión del pensamiento, que se considera el “derecho colectivo a recibir cualquier información y a conocer la expresión del pensamiento ajeno” (Sentencia 06 de Febrero de 2001. Serie C No. 74, párrafo 146, caso La Última Tentación de Cristo, emitida por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, citada en la sentencia analizada).
De ahí, dice el Juez Andújar Sánchez, que de Nuria Piera haber “eliminado de la grabación las partes en que la fuente citó los presuntos hechos y supuestos autores habría incurrido en censura previa, una violación al ordinal 6, del artículo 8 de la Constitución de la República.”
De la entrevistada, Dra. Josefina Juan Vda. Pichardo, considera que es una personalidad noticiosa, que ostenta una “autoridad oficial extendida”, que se deriva de haber sido Procuradora Fiscal del Distrito Nacional y en estas funciones haber investigado el caso citado.
Dice congruentemente que su condición de ex-Procuradora Fiscal del Distrito Nacional la hace una fuente confiable pues mantiene un “nivel de conocimientos y de información superiores al común de los ciudadanos”, sobre “hechos que investigó oficialmente, o que fue testigo excepcional, o que se enteró”.
“En la especie el tribunal debe discriminar en consecuencia entre la autora de la declaración y el productor y/o entrevistador…” asevera el Juez Andújar en su decisión 1129-2006.
Esta doctrina se inscribe en el principio de Personalidad de la Pena que consagra la constitución en el artículo 102, que reza: “Nadie podrá ser penalmente responsable por el hecho de otro ni en esto casos ni en cualquier otro”.
Además, el art. 17 del Código Procesal Penal (Ley 76-02) apunta: “Personalidad de la Persecución. Nadie puede ser perseguido, investigado ni sometido a medidas de coerción sino por el hecho personal.”
¡Qué incongruencia en el pasado la de someter y penalizar a un entrevistador por las palabras del entrevistado!
El magistrado Andújar Sánchez al demostrar tal incongruencia, en uno de sus considerandos apela también a otra decisión de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos para mostrar un alto concepto de los medios de comunicación: “Que los medios de comunicación social jueguen un rol esencial como vehículos para el ejercicio de la dimensión social de la libertad de expresión en una sociedad democrática…”.
La siguiente cita de la misma sentencia nos confirma su vocación liberal y responsable en relación al periodismo:
“…es fundamental que los periodistas que laboren en los medios de comunicación social gocen de la protección y de la independencia necesaria para realizar sus funciones cabalmente, ya que son ellos quienes mantienen informada a la sociedad, requisito indispensable para que ésta goce de una plena libertad y el debate público se fortalezca”.
De ahí que, consciente del valor social y reivindicativo del periodismo, y de las necesidades de la sociedad dominicana, la misma asume que “El control de la sociedad, a través de su opinión pública, fomenta la transparencia de las actividades estatales y promueve la responsabilidad de los funcionarios sobre su gestión pública, razón por la cual debe existir un margen reducido a cualquier restricción del debate político o del debate sobre cuestiones de interés público”, a sabiendas de que la “opinión pública” es la “profesión” del periodista.
Finalmente, a modo de advertencia e interpretando el concepto del Control Social de la Democracia a través de la opinión pública, la sentencia de la Corte Interamericana que interpreta el artículo 13 del Pacto de San José, dice:
“Aquellas personas que influyen en cuestiones de interés público se han expuesto voluntariamente, se ven expuestos a un mayor riesgo de sufrir críticas, ya que sus actividades salen del dominio de la esfera privada para insertarse en la esfera del debate público.”